Los abusos en la legislación contra las Fake News y los discursos de odio

 

Casos donde la lucha contra las Fake News y los discursos de odio se transformaron en la cultura de cancelación política 

La manipulación de la información es tan vieja como la verdad y las redes sociales, además de amplificar la posverdad, se conforman como posibles nubes tóxicas donde se puede falsificar un hecho y replicarlo hasta el infinito. Sin embargo, no hay razón para creer que la regulación se transforme en censura y que la excusa del control de las noticias falsas se convierta en una maquinaria liberticida para acallar los disensos de la población civil a políticas o gobiernos. 

Como se ha dicho, la desinformación no es un fenómeno nuevo, sino que se ha catapultado gracias a las redes sociales y las amplificaciones del mensaje. No obstante, la propia definición de cuándo es falsa una noticia está fuertemente ligada a una mirada subjetiva y, sin instituciones fuertes de por medio, es un buen concepto para enmascarar las políticas de censura. Si se tuviera que definir qué es una noticia falsa, la Red de Periodismo Ético (EJN por sus siglas en inglés) las entiende como toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda los hechos verificables.

Hasta el momento, se ha verificado el año 1835 cuando el periódico estadounidense The Sun publicó la primera noticia falsa: habían afirmado que había vida en la luna. Sin redes sociales de por medio, su difusión se vio favorecida entre una sociedad neoyorquina convulsionada por la llegada de los trenes y barcos de vapor que revolucionaban los medios de transporte. Más de 400 años atrás, en Europa, la invención de la imprenta permitió reducir los costos de impresión y desplazó el monopolio de la información y las ideas lo que implicó una fuerte persecución hacia las ideas subversivas del orden: acusaciones de herejía, procedimientos sumarios y miles de personas quemadas en la hoguera.

El paralelismo con el presente, el de la evolución digital, es considerable. Las redes sociales, al igual que la imprenta de Gutenberg a mediados de 1400, permiten ampliar el mensaje y lograr en tiempos relativamente cortos mayores audiencias. Especialmente los teléfonos móviles e inteligentes han permitido al usuario acceder a información en tiempo real, verificable y propensa a ser difundida. Al igual que en la Edad Media, muchos gobiernos del presente encuentran su relato acechado por la información y han construido, en consonancia con la naturaleza de sus regímenes políticos, políticas contrarias a las sociedades informatizadas: fundamentalmente los regímenes autoritarios han convertido a la censura como el escudo de sus relatos y sistemas fuertemente opresores.

La maquinaria liberticida: los abusos en la lucha contra las noticias falsas

La información o noticias manipuladas no pueden permitir la censura, sino que deben motivar a la jerarquización informativa de la sociedad para verificar contrastando los hechos y, apelando a la educación del individuo, identificar y descartar aquellas falsificaciones. Hoy, existe evidencia de legislaciones que se constituyen bajo la retórica de la lucha contra los discursos de odio y las falsas noticias no ciertamente desprovistos de espirales paranoicas de gobiernos que perciben en las redes sociales amenazas directas a la supervivencia de sus regímenes.

Redacciones ambiguas en las legislaciones y formuladas bajo escenarios de persecución y paranoias políticas pueden borrar la línea entre regulación y censura.

En Turquía, bajo las denuncias de persecución y censura hacia el gobierno presidido por Recep Tayyip Erdogan, en 2021 buscaron implementar cambios en la legislación que contemplen condenas de prisión entre tres y cinco años, la creación de un organismo estatal denominado como “presidencia de los medios sociales” que tendrá como misión la lucha contra, según palabras del presidente, el terrorismo de la mentira. Un dato llamativo de Turquía es que la nueva legislación iba dirigida solo al control de las redes sociales dado que el control de los medios de comunicación es casi total: estudios de Freedom of Expression Association, localizado en Estambul, señalan la clausura de más de 50 mil sitios web y 32 mil acciones penales contra usuarios titulares de cuentas en redes sociales.

La República Popular China es otro laboratorio de la tentación de censura. El gobierno del PPCh tiene varias oficinas de verificación de internet para detectar y suprimir la información no verificada y dañina para los intereses de China, pero fundamentalmente para los intereses del gobierno de Xi Jinping. Es el propio gobierno el que determina qué noticia es falsa y cuál no y cuáles de ellas pueden poner en riesgo la seguridad de China. El control de la información en China no es nuevo: ya desde el año 2000 las autoridades chinas comenzaron a regir un protocolo de Autodisciplina para la Industria del Internet que luego serían, con mayor virulencia, recuperados por el actual gobierno para ampliar los cargos de difamación contra aquellos usuarios que difundieran mentiras que fueran vistas por más de 5.000 personas y replicadas 500 veces.

La estrategia de aislamiento del ciberespacio le ha permitido a China un control sofisticado y casi inédito de lo que se dice: además de la creación de la Policía Cibernética, el país cuenta con su propia burbuja informativa de mensajería llamada WeChat, el Whatsapp chino, donde el control se vuelve contra activistas opositores al régimen.

El último de los casos más difundidos sobre el puño de hierro chino en la información ha sido la condena de Zhang Zhan, una periodista independiente, a cuatro años de prisión tras la difusión de los brotes de neumonía atípica en la región de Wuhan.

En marzo de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la nueva ley contra las noticias falsas, en general, pero fundamentalmente sobre las que deslegitiman las acciones de Rusia en el extranjero: la invasión rusa en Ucrania. En los medios de comunicación rusos y en las redes sociales no se puede hablar de guerra o invasión sino de operación militar especial. Controles a la información también están presentes en la República Islámica de Irán desde 2009, en Arabia Saudita con la proliferación de cuentas de redes sociales apócrifas para manipular la información pública tendiente a los intereses de la Casa Real gobernante en el país y en el continente africano donde se da la particularidad de que en cinco años se ha duplicado la creación de cuentas en redes sociales.

¿Puede un gobierno hacer uso de las noticias falsas? También hay un caso de ello. En el año 2018 una serie de protestas se iniciaron en Sudán contra el gobierno. La estrategia del gobierno, no desprovista de financiamiento externo, involucró la difusión de noticias falsas en redes sociales culpando al Estado de Israel y Estados Unidos del descontento y simular diálogo con grupos rebeldes solo para ganar tiempo. Finalmente, en 2019, el presidente Omar Al-Bashir fue derrocado.

América Latina no es la excepción. A diferencia de Europa, la idea de discursos de odio está siendo mayormente difundida que el concepto de noticias falsas. Un discurso de odio, que además es un concepto cargado altamente de sentimentalismo, no puede ser definido de forma objetiva y mucho menos ser objeto para legislar y, muchísimo menos, condenar a prisión a quienes supuestamente los emitan. En el año 2017 en Venezuela se firmó la nueva Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia: un título con tres conceptos, odio, pacífico y tolerancia, fuertemente subjetivos y que pueden ser manipulados. Esta ley, promovida después de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, es otro intento de barniz legal a los 244 presos políticos que existen en el país y son denunciados por la organización Foro Penal.

El Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta de Incidentes de Ciberseguridad, o Resolución 105/2021, se firmaron tras el incremento de las protestas contra el régimen cubano que ocupa el poder desde 1969. La resolución considera a las informaciones falsas como un alto peligro para la seguridad, las califica como “ciberterrorismo” pero no define qué es una noticia falsa dejando la interpretación de su posible falsedad a los funcionarios de gobierno. En junio de 2017, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó también su propia propuesta para regular los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet dejando un apartado para la persecución de las noticias falsas. Existen otros casos en Chile, El Salvador y Guatemala.