El Acuerdo Nuclear con Irán no debe borrar la Causa AMIA.

Artículo publicado para The Times of Israel: The JCPOA should not erase the AMIA Case | Luciano Mondino | The Blogs (timesofisrael.com)

            La reactivación del Acuerdo Nuclear en Viena (JCPOA por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos, la Unión Europea y la República Islámica de Irán debe incluir entre sus puntos a debatir la necesidad de que Irán entregue a los responsables del atentado contra la AMIA en Buenos Aires.

Un 18 de julio de 1994, un vehículo suicida explotó contra la fachada de la sede AMIA ubicado en calle Pasteur 633 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por segunda vez en dos años, el terrorismo islámico actuaba sobre el país de América del Sur por su indefensión y bajo los fundamentos, cuestionables, de haber interrumpido los contratos nucleares con la República Islámica de Irán y su mayor acercamiento con Estados Unidos e Israel a partir de los años noventa.

La investigación de la Causa AMIA logró determinar en 2006 que los responsables intelectuales habían sido funcionarios de las más altas esferas del gobierno de Teherán y que quien lo había ejecutado había sido la agrupación chiita libanesa Hezbollah, el Partido de Dios, quien se conforma como el brazo armado de la República Islámica en el Líbano. Hay quienes sostienen que la eliminación de Abbas Al-Musawi fue otro de los motivos por los cuales Irán atentó contra la Argentina.

En el 2015 el Fiscal de la Causa, Natalio Alberto Nisman, denunció a la presidente del gobierno argentino y su canciller, Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, como parte de una confabulación criminal que planeaba borrar las pruebas contra Irán por intermedio de acuerdos comerciales, que incluían petróleo, y la eliminación de las circulares rojas de Interpol por intermedio del Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 entre ambos gobiernos y con encuentros en Siria. El 14 de enero de 2015 la denuncia de Nisman se presenta en sede judicial y, ante el escándalo público por la gravedad institucional que dicha acusación significaba, es convocado para ampliar las pruebas el lunes 19 de enero a las 15 hs en la Comisión de Asuntos Penales del Congreso de la Nación.

Los días 15 y 16 de enero, Alberto Nisman sufre el hostigamiento y la amenaza por parte de funcionarios y allegados al gobierno nacional que había denunciado y por personajes marginales pero implicados también en la acusación: la diputada Diana Conti, del partido de gobierno, el propio Luis D’elía, Fernando Esteche y otros. El fiscal fue ridiculizado por su denuncia, objeto de fuertes críticas en los medios de comunicación oficiales y financiados por el estado y hasta amenazado públicamente.

El día 17 de enero era sábado y el fiscal Nisman había estado trabajando todo el día en las pruebas que iba a presentar el lunes. Nadie, ni siquiera el gobierno, conocía las pruebas que Nisman tenía y que podían, o no, implicar en mayor medida a la presidente Kirchner y su canciller Timerman: ¿había escuchas telefónicas, filmaciones y registros, visitas de funcionarios argentinos a Teherán?

Ese mismo día, 89 espías de los servicios de inteligencia argentinos, que dependían entonces del gobierno nacional, estuvieron merodeando la casa del fiscal Nisman en el Complejo Le-Parc de la ciudad de Buenos Aires. Ese día se registraron miles de llamadas entre ellos y se dirigen hacia Fernando Pocino y con Juan Martín Mena quien actualmente es el viceministro de justicia de la nación.

Ese mismo sábado, mientras Nisman era seguido por los espías de inteligencia, en la Casa Rosada, la casa de gobierno argentina, un incendio afecta los registros de entrada y salida a la Casa Rosada de los últimos cinco años que incluye la negociación del Memorándum de Irán. Las escuchas y pruebas que iba a presentar Nisman el lunes 19 de enero nunca podrán ser contrastadas con los ingresos a la casa de gobierno argentina.

El 18 de enero de 2015, horas antes de la presentación en el Congreso de la Nación, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo por una pistola Bersa Calibre 22. La escena del crimen fue ensuciada, estuvieron presentes funcionarios del gobierno nacional, como el secretario de seguridad Sergio Berni, muy cercano a la principal acusada Cristina Fernández de Kirchner, y no se recolectaron más evidencias que podrían haber sido importantes para resolver el crimen. En la causa judicial incluso se afirma que se prendió el aire acondicionado de la casa de Nisman cambiando la temperatura ambiente de la escena del crimen.

Descartado el suicidio, a partir de 2018 la justicia investiga el asesinato del fiscal nacional de la Causa AMIA. Hasta el momento están procesados Diego Lagomarsino, quien dice haber entregado el arma a Nisman, y sus custodios. Sin poder, hasta el momento, revelar quién fue el autor intelectual y material, sí es posible afirmar que el fiscal Nisman fue asesinado por la denuncia que había realizado días antes contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del gobierno nacional por encubrimiento a la causa del atentado a la AMIA.

En julio de 2015, pocos meses después del asesinato, la República Islámica de Irán firma junto a China, Francia, Rusia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos el Joint Comprehensive Plan of Action en Viena. El acuerdo, que le daba mayores recursos económicos a Irán a cambio de abandonar el alcance bélico de su programa nuclear, fue incumplido antes de la retirada formal de Estados Unidos en 2018 por parte del país persa.

La actual negociación por la reactivación del JCPOA es una oportunidad para que el mundo observe la capacidad de daño que tendrá Irán con mayores recursos para transferir a sus proxys en el Líbano, como Hezbollah, en la Franja de Gaza con su apoyo a Hamas, grupos también ligados al chiismo libanés en la Triple Frontera (Paraguay, Argentina, Brasil) o los Huthies en Yemen. Se estima que el acuerdo le permitirá a Irán, un país promotor y patrocinador del terrorismo, acceder a más de 100.000 millones de dólares y venden 2,5 millones de barriles de petróleo por día.

El Régimen de los Ayatollah, presentes en Irán desde 1979, además es un régimen represivo contra los iraníes. La censura en la información y la represión contra los disidentes los convierte en uno de los países con menos libertades y mayor violación a los derechos humanos de toda la región. Es también una grave amenaza para sus países vecinos, en general, pero especialmente para el Estado de Israel: en palabras de Ahmadinejad, otros funcionarios políticos y clérigos chiitas, buscarán no solo la eliminación de Israel sino del Pueblo Judío. Desconocen el holocausto, se burlan de lo más de 6 millones de seres humanos asesinados y fomentan el ataque a civiles desde Gaza o desde el sur del Líbano en manos de los cohetes de Hezbollah.

Estados Unidos y la Unión Europea no pueden negociar ni dar un salvavidas financiero mientras Irán no se comprometa a dejar de patrocinar al terrorismo internacional. No pueden negociar tampoco sin exigirle al gobierno de Teherán que coopere con la justicia argentina para la detención de los cinco ciudadanos iraníes buscados por Interpol, entre ellos Mohsen Rezai el vicepresidente en asuntos económicos iraní, y un ciudadano libanés. Han pasado 28 años desde el atentado en Buenos Aires y la República Islámica de Irán nunca se ha acercado por vía judicial a la Argentina como sí lo ha hecho por vía política cuando encontró la posibilidad de ganar su impunidad con la firma del tratado de 2013.

No debe el mundo ignorar el daño que Irán causa con la financiación del terrorismo y el patrocinio de grupos armados que operan incluso por fuera de Oriente Medio y que estarían comenzando a conectarse con grupos de crimen organizado en América Latina.