Banalizar al terrorismo los afirma como cómplices
BANALIZAR AL TERRORISMO LOS AFIRMA COMO CÓMPLICES
Pasaron
30 años desde el ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires con un saldo de
22 víctimas fatales y más de 200 víctimas sobrevivientes.
Fueron
28 años desde el atentado a la AMIA con 85 víctimas fatales y más de 300
víctimas sobrevivientes.
Dos
atentados perpetrados por el islamismo radical chiita planificado por Irán y
perpetrado por sus brazos armados que hoy continúan operando en la región.
Tras
la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Argentina del
Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013 pasaron 8 años.
Desde
la denuncia y asesinato del Fiscal Alberto Nisman, horas antes de exponer su
acusación contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado
a la AMIA, pasaron 7 años.
Cuando
Mohsen Rezai, vicepresidente de Irán y acusado por la Argentina, llegó a
Nicaragua y compartió la asunción de Ortega junto a una comitiva argentina
desoyendo el pedido de captura de Interpol era enero de 2022. Pasaron ya 7
meses.
Desde
el aterrizaje del avión venezolano tripulado por un miembro de la Fuerza Quds
de Irán, país acusado de atacar a Argentina en 1994, pasaron casi 3 meses.
En
todos estos, la constante de impunidad y la sombra de volver a vivir lo mismo
se mantienen intactas. Por acción u omisión, la tentativa del olvido siempre
está expectante.
Las
últimas tres décadas demostraron que América del Sur es un teatro de
operaciones para el terrorismo transnacional que, con cada vez mayor celeridad,
se unifica en zonas grises con el crimen organizado, en general, pero con el
narcotráfico en particular. La reciente investigación del avión Emtrasur
aterrizado en Buenos Aires en junio lleva directo a la criminalidad de Paraguay
y Uruguay bajo las sombras de Horacio Cartes y Sebastián Marset, un criminal
uruguayo que habría estado reunido con los tripulantes de la aeronave bajo
pedido de incautación por parte de Estados Unidos y reclamada por Nicolás Maduro.
Es
muy curioso también que la defensa de la tripulación y la asesoría a Nicolás
Maduro es llevada a cabo por un polémico abogado argentino, Maximiliano Rusconi,
defensor de Diego Lagomarsino quien es investigado en la justicia por el
homicidio del Fiscal Nisman y de Julio De Vido, un ex ministro de planificación
argentino condenado a prisión por administración fraudulenta y de aceitada
relación comercial con Venezuela durante los gobiernos entre 2011 y 2015.
Unidos
en una consigna contestaria a las democracias occidentales, muchos actuales
gobiernos de América Latina y el Caribe se sienten cómodos con el patrocinio de
Irán, Rusia o China mientras no pueden garantizar una gobernanza de la
seguridad en zonas fronterizas como la Triple Frontera, que une a Brasil,
Paraguay y Argentina, o evitar que los nexos se expandan hacia países como
Chile o Uruguay que eran, hasta hace poco, estándares de mayor estabilidad en
temas de seguridad.
Una
de las últimas apariciones públicas del presidente argentino Alberto Fernández
implicó el calentamiento de un debate a nivel nacional por la intromisión de
poderes y por la magnitud y el trasfondo de lo que ha insinuado. Solo 48 horas
después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran 12 años de
prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, expresidente
argentino, por ser jefa de una asociación ilícita, el presidente Fernández deslizó
su preocupación de que ambos fiscales tuvieran el mismo desenlace que el
fallecido fiscal de la causa AMIA en 2015.
Natalio
Alberto Nisman fue el fiscal nacional de la Unidad Federal de Investigación,
UFI AMIA, que en el 2006 denunció formalmente a la República Islámica de Irán y
agrupación chiita libanesa Hezbollah de haber sido autores intelectuales y
materiales del atentado; que en el 2013 se opuso al Memorándum de Entendimiento
firmado con los iraníes y que en el 2015 denunció a Cristina Kirchner como
cabeza de una confabulación criminal para borrar la responsabilidad de los
iraníes y libaneses de la causa judicial.
El
18 de enero, horas antes de exponer la denuncia por encubrimiento frente al
Congreso Nacional y tras recibir una artillería mediática y política de
partidarios de Kirchner en su contra, Alberto Nisman fue ultimado en el baño de
su departamento del complejo Le Parc, ciudad de Buenos Aires, y de esa forma
silenciado a quien más conocía de la causa.
Días
después de haber afirmado que la pandemia por Covid-19 fue un holocausto, el
presidente Fernández volvió a disparar contra un tema sensible y que ha formado
parte de los reclamos frente a la comunidad internacional, especialmente en la
Asamblea General de la ONU, desde el 2007. En primer lugar, la muerte de Nisman
se investiga como un asesinato como consecuencia de su denuncia contra altas
esferas del Poder Ejecutivo Nacional de 2015. Los jueces Irurzun y Bruglia
avalaron la investigación del Juez Ercolini y sostuvieron los fundamentos en la
Cámara Criminal y Correccional Federal -Sala 2- en junio de 2018 sobre el homicidio
y también sobre la falta de recolección de pruebas en la escena del crimen.
Fundamentos de los jueces Irurzun y Bruglia: Muerte del fiscal Nisman: la Cámara Federal concluyó que se trató de un homicidio (cij.gov.ar)
Pero
también, que el presidente Fernández y su vocera presidencial afirmen lo
contrario, agrede la división de poderes de un sistema republicano, desconoce
el proceder del Poder Judicial en la causa Nisman y agrega más ruido a un hecho
que afectó de forma directa a la presidente de aquel momento que es hoy vicepresidente
en Argentina.
Algo
similar ocurrió en enero cuando, tras que Mohsen Rezai burlara el pedido de
captura internacional y compartiera un encuentro con una delegación argentina
en Nicaragua, el gobierno argentino sostuvo que era Israel quien debía detener
al acusado cuando es efectivamente la República Argentina quien es solicitante
en Interpol de la circular roja sobre cinco ciudadanos iraníes y un ciudadano
libanés. Conviene recordar, además, que las principales democracias
occidentales se opusieron a la toma de mando por parte de Daniel Ortega en una
Nicaragua diezmada por la perpetuidad, la corrupción y la criminalidad de los
actos de Ortega y su vicepresidente y esposa, Murillo. Argentina, junto a Cuba,
Venezuela e Irán, fueron parte de las invitaciones formales a la asunción
fraudulenta del dictador nicaragüense.
La
causa AMIA se ha vuelto una causa nacional para todos los argentinos y lleva a
que año tras año el pedido de justicia se vuelva una constante. Es un buen
síntoma que una comparación tan desafortunada y el ocultamiento sobre los hechos
genere una reacción tan adversa y de contestación ciudadana: desde el
magnicidio de Nisman, una porción considerable de argentinos comprendió que el
terrorismo transnacional sigue en las sombras esperando las condiciones
favorables para atacar.
La
comparación de Fernández, además de motivar un juicio político en su contra,
despertó críticas en una sociedad que debe ahora comprender que la banalización
del terrorismo no hace más que afirmarlos como cómplices. Ese es un nuevo paso
para profundizar la lucha contra la radicalización y el terror que comienza a
ser fuertemente propagado por la región.
Banalizar
el terror es banalizar a las víctimas sobrevivientes que ven en estos actos una
nueva bomba que explota y los hunde en un constante volver a empezar.
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